La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) advierte que firmar informes contrarios a las leyes ambientales puede conllevar penas de cárcel

ADEGA advierte en un comunicado que la prevaricación ambiental puede ser sancionada penalmente

La organización ecologista está ejerciendo de acusación particular en un proceso penal contra un funcionario público acusado por la fiscaliía de "anteponer los criterios comerciales a los ambientales" y emitir informes favorables a la construcción de una piscifactoría en Rinlo (Ribadeo), en la Red Natura 2000 y sobre hábitats prioritarios. Esta obra, promovida por el asturiano Ramón Álvarez-Cascos, fue paralizada y denunciada por ADEGA en el 2005/6, y finalmente declarada ilegal por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en 2009, que anuló la Declaración de Impacto Ambiental, tras procesar por prevaricación al que por aquel entonces era el Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, José Manuel Álvarez-Campana, que con posterioridad pasaría a dirigir la Cámara Oficial Mineira de Galicia.

Según ha publicado la organización en un comunicado, la Fiscalía acusa ahora al funcionario (de iniciales J.T.M.), que por aquel entonces era el Jefe del Servicio de Conservación y Biodiversidad por motivos similares. El grupo ecologista ha lanzado públicamente un aviso "a quienes desde la administración, e ignorando la obligación de cumplir las leyes que protegen nuestra biodiversidad más frágil, avalan con sus informes proyectos manifiestamente incompatibles con la conservación de estos valores", y que "prevaricar contra el medio ambiente no puede quedar impune".
 
Por eso, consideran, este juicio a uno de los técnicos de la administración que firman informes ambientales a medida, y que según la Fiscalía "antepuso los criterios comerciales a los ambientales" y permitó que se causara "un perjuicio irreversible a la integridad del lugar, puede sentar precedente y mandar un mensaje muy claro a los miembros de la administración: Ceder a las presiones de los políticos o empresarios, puede salir muy caro" porque "por encima están los intereses de la ciudadanía a la que se deben y la salvaguarda de las leyes, incluídas por supuesto las ambientales".

AM/Red

31.1.2013