La Justicia catalana da la razón a la Plataforma Montsalat y obliga a ICL Iberia / Iberpotash a recuperar las áreas degradadas por su actividad extractiva

Escombreras salinas de ICL Iberia / Iberpotash en la localidad barcelonesa de Súria (Foto: AM)

























La Audiencia de Barcelona confirma la condena contra la filial peninsular del gigante israelí ICL y le obliga a asumir el coste de la recuperación ambiental de las zonas contaminadas en los municipios de Súria, Sallent, Santpedor y Callús.

En el auto judicial, la Sección Octava del organismo confirma la decisión del Juzgado de Manresa, imponiendo un año y medio de cárcel a dos exdirectivos un extécnico de la minera. El texto refleja, además, que los vertidos "nunca estuvieron autorizados" de manera administrativa y que se producían "de manera constante", originando un efecto negativo para la salud humana y el medio ambiente.

Ahora, la Audiencia condena a ICL Iberia / Iberpotash como responsable civil subsidiario y le impone la asunción integral de las tareas de recuperación ambiental "hasta la eliminación de la elevada salinidad y los compuestos orgánicos volátiles que presenten las aguas de los pozos cuyas aguas no pueden ser destinadas al consumo humano o del ganado", obligándole a tomar las medidas que sean necesarias "para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado, así como asumir el coste económico de la recuperación ecológica" de las zonas afectadas, estableciendo que "la obligación de recuperar el daño causado y restaurar el equilibrio medioambiental a su situación anterior ha de constituir la forma más genuina y lógica de hacer frente a la responsabilidad civil" por el delito ecológico cometido.

DOS DÉCADAS DE LUCHA DAN SUS FRUTOS PARA LA PLATAFORMA MONTSALAT

El periplo judicial se inició en el año 1997 a raiz de la denuncia presentada por la Plataforma Montsalat ante la Fiscalía de Medio Ambiente catalana por la salinización de las aguas y la degradación del entorno derivado de la falta de control sobre los residuos por parte de la empresa minera Iberpotash, actualmente denominada ICL Iberia Súria & Sallent.

Casi dos décadas más tarde, los tribunales dan la razón al colectivo, afirmando en la sentencia que los tres acusados "actuaron por omisión en la medida en que, a pesar de poder adoptar medidas concominantes con sus cargos, ninguno de ellos tomó medida alguna orientada a impedir o evitar los daños generados por los vertidos de la actividad minera de Iberpotash S.A., obrando de forma claramente dolosa, al conocer el peligro generado por su inacción".

AM/Redacción
23.2.2016

  ALERTAMINERA.net

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