El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina califica de "seria amenaza" la aprobación de la Ley de Minería en Honduras
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| El OCMAL denuncia el enorme retroceso a nivel ambiental y social de Honduras con la nueva ley minera |
La norma, aprobada el pasado 23 de enero, ha levandado ampollas dentro y fuera del estado hondureño, al considerar que, en la práctica, supone la práctica liquidación del territorio a manos de las grandes empresas transnacionales del sector minero. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se ha señalado que la aprobación de la ley pone en peligro a las comunidades que dependen del agua para su subsistencia, pues las localidades cercanas a explotaciones mineras, sufren la falta de recursos hídricos y la contaminación de los mismos.
Desde OCMAL señalan, asimismo que esta ley constituye "un enorme retroceso en la protección ambiental y social en Honduras" y es "un reflejo de los poderes fácticos y económicos que rigen los destinos del país contra la voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría de los habitantes que quieren un desarrollo sustentable y con equidad para toda la población, especialmente la más vulnerable". Asimismo, han indicado que "el proceso de discusión y aprobación de la ley se aleja de prácticas democráticas y participativas básicas", al considerar que es necesario tener en cuenta "los esfuerzos de la sociedad civil por participar y aportar al diseño de una ley que debiese ser compatible con los intereses nacionales y de bien público mas allá de los objetivos cortoplacistas de empresas mineras transnacionales, sus servidores y aliados nacionales".
Para la OCMAL, "la mercantilización de los territorios, los ecosistemas, la naturaleza, y la vida de las personas lleva a la degradación social, ambiental, cultural y moral", y "provoca la resistencia y genera los conflictos mineros, cada vez más difíciles de resolver por la presión que ejercen las empresas mineras transnacionales para expandir su actividad, contra la voluntad de las comunidades afectadas y los movimientos sociales".
El Observatorio apunta que en América Latina, "la oposición a la minería ha crecido", y que esta actividad "no respeta derechos, destruye la base de subsistencia de las personas y socava las posibilidades del buen vivir de las comunidades en sus territorios". Para OCMAL, "cada nuevo proyecto minero va ineludiblemente acompañado de un conflicto con las comunidades donde los gobiernos se alínean con las empresas transnacionales".
Finalmente, esta organización ha mostrado su disposición a "denunciar todas y cada una de las acciones que atenten contra la seguridad personal, colectiva, social, ambiental, cultural, religiosa y económica de las comunidades y la población afectada en Honduras" por proyectos de minería tóxica.
AM/Red
31.1.2013
Desde OCMAL señalan, asimismo que esta ley constituye "un enorme retroceso en la protección ambiental y social en Honduras" y es "un reflejo de los poderes fácticos y económicos que rigen los destinos del país contra la voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría de los habitantes que quieren un desarrollo sustentable y con equidad para toda la población, especialmente la más vulnerable". Asimismo, han indicado que "el proceso de discusión y aprobación de la ley se aleja de prácticas democráticas y participativas básicas", al considerar que es necesario tener en cuenta "los esfuerzos de la sociedad civil por participar y aportar al diseño de una ley que debiese ser compatible con los intereses nacionales y de bien público mas allá de los objetivos cortoplacistas de empresas mineras transnacionales, sus servidores y aliados nacionales".
Para la OCMAL, "la mercantilización de los territorios, los ecosistemas, la naturaleza, y la vida de las personas lleva a la degradación social, ambiental, cultural y moral", y "provoca la resistencia y genera los conflictos mineros, cada vez más difíciles de resolver por la presión que ejercen las empresas mineras transnacionales para expandir su actividad, contra la voluntad de las comunidades afectadas y los movimientos sociales".
El Observatorio apunta que en América Latina, "la oposición a la minería ha crecido", y que esta actividad "no respeta derechos, destruye la base de subsistencia de las personas y socava las posibilidades del buen vivir de las comunidades en sus territorios". Para OCMAL, "cada nuevo proyecto minero va ineludiblemente acompañado de un conflicto con las comunidades donde los gobiernos se alínean con las empresas transnacionales".
Finalmente, esta organización ha mostrado su disposición a "denunciar todas y cada una de las acciones que atenten contra la seguridad personal, colectiva, social, ambiental, cultural, religiosa y económica de las comunidades y la población afectada en Honduras" por proyectos de minería tóxica.
AM/Red
31.1.2013
